Los afectados Hace ocho años que los técnicos de laboratorio del Hospital de Manises no pueden puntuar para optar a plazas de empleo público en Sanidad a pesar de que “prestamos servicio público, nuestros pacientes vienen de la Seguridad Social”. Desde entonces, la treintena de trabajadores está sumida en un proceso para intentar recuperar ese derecho que, tal como narran, “se nos fue arrebatado”. Un derecho que sí ha sido reconocido a una afectada por el TSJ. Ahora ellos buscan una extensión de la sentencia de su compañera para volver a su situación anterior.
El Hospital de Manises, por su parte, ha manifestado su deseo de que este malestar “se resuelva lo antes posible entre la Conselleria y los afectados”. Según han explicado los afectados a El Periódico de Aquí, fue en 2011 cuando una comisión mixta en la que tomó parte la conselleria de Sanitat subrogó el servicio de laboratorio a una empresa privada y “dejamos de puntuar”, dicen. Antes de firmar el consentimiento, las trabajadoras preguntaron, tal como cuentan, si las condiciones serían las mismas, pues el trabajo sí lo era y la localización también (siguen en el mismo lugar, en el Hospital de Manises y realizan las mismas tareas que entonces). “Nos dijeron que sí”, relatan los trabajadores. Sin embargo, sus condiciones laborales sí cambiaron. Desde ese momento, dejaron de puntuar para las bolsas públicas de empleo en el área de Sanidad. “No nos informaron de esto y el cambio fue unilateral. Nuestro derecho se nos fue quitado aunque seguimos realizando el mismo trabajo”.
En esta coyuntura, una de las afectadas presentó un contencioso administrativo contra la institución autonómica y aunque perdió este primer proceso, lo recurrió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que sí le dio la razón. “La Conselleria ha reconocido a nuestra compañera los puntos con carácter proactivo tras ganar el proceso judicial y ahora nosotras queremos hacer una extensión de la sentencia para poder recuperar nuestros derechos”, comenta una de las afectadas.
Por otra parte, las técnicos apuntan que, debido a su situación, es “muy complicado que se adhiera personal cualificado a la plantilla, pues al no puntar, la gente no quiere venir a estos laboratorios”.
Por eso, desde 2011, “hemos denunciado a través de recursos y reclamaciones nuestra situación a la que llegamos de forma impuesta, unilaterial y poco transparente”, declara una de las trabajadoras del laboratorio.
Este es, según han explicado a este periódico, “el primer caso en el que se subroga una empresa privada y las trabajadoras nos vemos repercutidas de esta forma”. “El juez ha entendido que sí, que tenemos razón. Si estamos trabajando para la sanidad pública, tenemos que tener los mismos derechos ya que sí tenemos las mismas tareas”, sentencian. Esa es la razón por la que van a ir “todas a una” y, dicen, van a pedir una extensión de la sentencia que les permita volver a su situación anterior y puntuar para las bolsas de empleo público como a su compañera. “Es lo justo”, dicen convencidas.
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