Les Corts investigarán el presunto cobro de comisiones del caso Azud

Les Corts Valencianes han aprobado, con la oposición de Vox, la creación de una comisión no permanente de investigación sobre el presunto cobro de comisiones en contratos públicos de operaciones urbanísticas entre los años 2004 y 2011 investigadas en el caso Azud.

Esta comisión, solicitada por Ciudadanos, se constituirá una vez levantado el secreto de sumario de la causa, y observará el presunto cobro de comisiones, entre los años 2004 y 2011, por parte de cargos del PP y del PSPV, mediante mordidas en contratos públicos de operaciones urbanísticas.

El caso Azud, que investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de València, es una causa declarada secreta y abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, y por la que están en prisión desde hace un mes el exvicealcalde de València Alfonso Grau (PP) y el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exportavoz socialista en el Ayuntamiento, Rafael Rubio, entre otros.

El plazo para llevar a cabo el programa de trabajo y la elaboración del informe, junto con su dictamen final, será de un máximo de seis meses, desde la constitución de la comisión.

Los grupos parlamentarios podrán solicitar la presencia de las personas relacionadas con las materias a tratar y la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la comisión desde el momento de su constitución, y las comparecencias deberán realizarse en los tres primeros meses de funcionamiento.

La comisión estará compuesta por un miembro designado por cada uno de los grupos parlamentarios, junto a un suplente, que será aprobada en la sesión constitutiva de la misma.

En los pasillos de Les Corts, la diputada de Ciudadanos Mamen Peris se ha mostrado satisfecha con la aprobación de esta comisión que "es necesaria", pues la corrupción es una lacra" y debe ser "la línea roja para todo gestor público".

Los socialistas han apoyado la iniciativa pues están a favor de que "se destape la corrupción", pero su síndic, Manolo Mata, cree que Cs se ha precipitado con esta iniciativa, pues acordar una investigación "sin conocer absolutamente nada" del caso, que está bajo secreto de sumario, es "insólito".

El síndic de Compromís, Fran Ferri, se ha mostrado a favor de investigar un caso que "parece que irá más allá de la ciudad València", y que, a su juicio, es "un caso más del bipartidismo corrupto que gobernó en esta tierra y en el Estado" hasta el cambio de gobierno de 2015.

También Unides Podem ha apoyado la propuesta porque "siempre ha denunciado la corrupción" y seguirá haciéndolo, aunque cree que hubiera sido mejor esperar a que se levantara el secreto de sumario para saber el alcance del caso.

El PP también ha votado a favor, y ha exigido explicaciones a los socialistas pues, según la portavoz adjunta popular Elena Bastidas, es el único partido que tenía activo en un cargo público a uno de los detenidos, como es el exsubdelegado del Gobierno Rafael Rubio, que fue destituido tras su detención.

Vox, por su parte, se ha opuesto a esta comisión porque el caso Azud está judicializado y bajo secreto de sumario, por lo que "de nada serviría abrir una investigación en Les Corts si no ha acabado la investigación judicial, ha afirmado su síndica, Ana Vega.

Por otra parte, Les Corts han aprobado las conclusiones de la comisión que se constituyó en enero de 2020 para estudiar los medidas de prevención de los riesgos de inundaciones en la comarca alicantina de la Vega Baja en materia territorial, urbanística e hídrica, y por la que en los últimos meses han comparecido 85 personas.

Las conclusiones, que han contado con los apoyos de los tres grupos del Botànic, PP y Ciudadanos, y los votos en contra de Vox, detalla los efectos "catastróficos" que supuso el episodio meteorológico de la DANA en la Comunitat Valenciana, con precipitaciones "históricas" que inundaron la Vega Baja.

Asimismo, plantea propuestas de actuación en infraestructuras y de ordenación del territorio, así como la necesidad de reforzar los medios de las Administraciones públicas para prevenir inundaciones futuras.