Javier Raro. / EPDA
En las últimas semanas, Sagunto ha vuelto a copar portadas en prensa con motivo del traslado de agua desde la desaladora de Sagunto hasta Barcelona. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico puso la mira sobre esta infraestructura hídrica como una manera de proporcionar una solución transitoria a la situación crítica de sequía que sufre Catalunya. Lógico, teniendo en cuenta que, ahora mismo, la desaladora se encuentra infrautilizada, únicamente a un 10% de su capacidad.
Desde el Ayuntamiento, en cuanto supimos la noticia, mostramos nuestra total voluntad de colaboración. Los efectos del cambio climático no entienden de fronteras administrativas, los sufrimos todos y todas. Hoy es Catalunya, pero quién sabe si, en algún otro momento, será nuestro territorio quien necesitará la colaboración de otros para mitigar las consecuencias de la emergencia climática. Esta siempre ha sido nuestra perspectiva.
El trabajo conjunto y la apuesta por la sostenibilidad se han convertido en marca de la casa y, desde luego, si Sagunto vuelve a ser noticia por ello, tenemos razones para estar muy satisfechas y satisfechos. Más aún teniendo en cuenta que, pese a la preocupación que despertó entre algunas personas, el traslado de agua no influye, ni mucho menos lo hace peligrar, en el suministro de agua potable del municipio, que depende únicamente del llamado metro cúbico, es decir, procede del Júcar.
No obstante, entre tanta información, los intereses de nuestra ciudad están quedando difuminados. Sin ir más lejos, este mismo lunes, tras la reunión que mantuvieron la ministra Teresa Ribera y el president de la Generalitat, leía titulares que hablaban del acuerdo entre ambos para que el traslado de agua se efectuara a partir de junio. Ribera, Mazón… pero, ¿nadie recoge qué dice el Ayuntamiento al respecto?, me planteaba. Porque sí, también somos parte en esta cuestión. Y, aunque estemos completamente alineados con ese acuerdo, tenemos cosas que decir.
En 2007, Acuamed y el Ayuntamiento firmaron un convenio que establecía que sería el consistorio quien se haría cargo de los costes de construcción de la desaladora. Eso sí, en el marco de unas condiciones particulares que, no obstante, no se dieron. Estas hacían referencia a un crecimiento importante del municipio, en previsión de un desarrollo industrial que no se produjo. También mencionaban que la inversión necesaria para construir la desaladora rondaría los 20 millones de euros, pero aún hoy no tenemos constancia de cuánto acabó constando.
A todas luces, el convenio no puede ser vinculante. Sin embargo, Acuamed sigue cargando al consistorio las amortizaciones de una infraestructura que, ha quedado evidenciado, no es de uso municipal. No tiene sentido que las vecinas y los vecinos del municipio asuman los costes de una instalación que es, y continuará siendo, estratégica a nivel estatal.
Por ello, nuestra petición como municipio es que se nos tenga en cuenta. Acuamed debe abrirse a un acuerdo coherente con los usos de la desaladora, que no obligue al Ayuntamiento a asumir la deuda total de la infraestructura. Sabemos de su importancia y no queremos renunciar a una instalación que ha sido crucial para lograr inversiones como la de la gigafactoría de PowerCo. Pero estas no pueden ser las condiciones. Es una cuestión de justicia con nuestra ciudad.
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